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lunes, 5 de agosto de 2013

Jefe del Gabinete: No hay persecución

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, descartó que la propuesta para instaurar la ‘muerte civil’ sea un mecanismo de persecución política, y subrayó que su objetivo es que los sentenciados por corrupción paguen la reparación civil al Estado.

“Son mecanismos que existen en las leyes de reestructuración para las empresas y lo que estamos haciendo es básicamente que también funcione para cobrar las deudas a favor del Estado. No hay ninguna persecución política.”

La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso, plantea que los sentenciados por corrupción con pago de reparación no puedan efectuar ninguna acción civil, como obtener préstamos o firmar contratos, hasta que cancelen su deuda con el Estado.

De aprobarse el proyecto, quien no pague sus reparaciones civiles será inscrito en las centrales de riesgo para que no realice transacciones bancarias hasta cumplir sus obligaciones, reiteró.

“Es una suerte de quiebra de orden personal al adeudar dinero al Estado por delitos de corrupción. La ley de ‘muerte civil’ es una herramienta muy poderosa porque golpea al corrupto en donde más le duele: el bolsillo.”

Recordó que esta iniciativa fue elaborada como parte de las políticas de lucha contra la corrupción y se presentó cuando era ministro de Justicia.

“Estoy muy satisfecho de que el Presidente se haya referido a este tema en su mensaje a la Nación y, además, por la acogida que ha tenido en la opinión pública.”

Reparación civil


La Procuraduría Anticorrupción pidió a la Cuarta Sala Penal Liquidadora imponer una reparación civil de 200 millones de nuevos soles al expresidente Alberto Fujimori en el proceso por los denominados ‘diarios chicha’.

El procurador Julio Arbizu señaló que en este proceso se determinará si Alberto Fujimori fue quien dio la orden para desviar recursos públicos de las Fuerzas Armadas, a fin de sobornar y comprar a directivos de los ‘diarios chicha’ que operaban en la década 
de 1990. “Hay pruebas que permiten establecer claramente su responsabilidad en el delito de peculado, así lo han corroborado múltiples declaraciones de condenados y testigos.”

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