Necesidad de enriquecer el modelo de universidad democrática
La Comisión de Educación del Congreso ultima el debate de la nueva
Ley Universitaria. La discusión transcurre con una excesiva aspereza. Es
el resultado de una tensión acumulada entra la mayoría de la Comisión y
las autoridades universitarias agrupadas en la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR). La oposición parlamentaria, que inicialmente estuvo
acuerdo con la reforma, se ha plegado a la mayoría de puntos de vistas
de la ANR, de modo que, en general, se tienen dos grandes posiciones.
Lo aprobado hasta ahora permite afirmar que lo que se gesta en el
Parlamento no es una reforma democrática de la universidad, a tono con
los imperativos de la modernidad y que cautele sus históricas conquistas
de autonomía, cogobierno, difusión de la ciencia y del pensamiento. El
eje de la discordia es la desaparición de la ANR y su reemplazo por una
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.
Es probable que este debate necesite ser enfocado con un criterio
más ordenador y menos controlista. A estas alturas, luego de varias
décadas de inoperancia, la ANR es indefendible como ente representativo
de la universidad peruana. Sin embargo, sus limitaciones no pueden
servir de argumento para la creación de una instancia que violaría el
mandato constitucional que reconoce autonomía a la universidad.
La discusión debería girar en torno a la creación de un sistema de
la universidad peruana que supere la dispersión institucional, la
fragmentación académica y el divorcio en el cumplimiento de sus fines,
es decir, la formación profesional, la difusión cultural, la creación
intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.
Esta carencia es inherente a su condición de universidad democrática
y debe ser resuelta dentro de ese modelo. Al respecto, se han planteado
desde los gremios de docentes, de estudiantes y especialistas
alternativas que implican la creación de una instancia que refleje su
composición histórica, es decir, profesores, estudiantes y graduados.
La figura de una Superintendencia plantea un modelo estatista
contrario al modelo de universidad pública y democrática. En el sistema
legal peruano una Superintendencia corresponde al ejercicio de funciones
controladoras, reguladoras y administradoras. La universidad
ciertamente necesita una lógica reguladora en una perspectiva ordenadora
que resuelva de modo definitivo la coexistencia bajo un esquema de
exigencias comunes de universidades públicas y privadas y dentro de
estas últimas la vigencia de universidad con fines y sin fines de lucro.
La búsqueda de la excelencia académica no está asegurada en un marco
cerrado y autoritario, como lo evidencian varios casos en la región.
Es probable que el debate tenga que ser reconducido bajo la idea de
que se necesita una nueva Ley Universitaria. La primera reforma debería
procesarse en la Comisión de Educación, un grupo de trabajo que
sorprendentemente reúne a 16 miembros titulares y 30 accesitarios, que
en sí misma indica las presiones que en ella se ejerce y en más de un
caso de modo directo por parte de dueños o personeros de universidades
privadas, deseosos de una moratoria indefinida de la actual situación de
desorden.
Desde la aprobación de la Ley N° 23733, en diciembre de 1983, y por
espacio de 30 años, no se había iniciado una discusión nacional sobre el
quehacer universitario. Vale la pena, sin apuro y en consulta con la
sociedad y otros ámbitos del Estado, procesar una norma superior.
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