Mediante un comunicado en el Facebook, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se pronunció sobre las las manifestaciones en Islay en contra del proyecto Tía María. Aclaró que Southern Cooper no tiene la licencia social para la implementación de actividades extractivas.
"Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo", se lee en el comunicado.
Además, la CNDDHH lamentó el fallecimiento de Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero. Agradecen las medidas tomadas por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
"La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona", señalan.
También piden el relevo del general Luis Blanco Ridoutt, a quien sindican como el 'responsable principal de la violenta represión del 22 de abril, cuando mintió sobre las causas de muerte del señor Huayna, negando un hecho luego probado con la necropsia.
La CNDDHH exhortó a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación.
"Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta socialcomo estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros)", expresó la institución.
Asímismo, cuestionaron las labores del Poder Ejecutivo pues lo consideran incapaz de escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial, Ministerio Público, Gobierno Regional), y excluyendo a los actores principales del conflicto, como dirigentes de la Junta de Usuarios.
"Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como 'terroristas antimineros' sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico", concluyen. (Fuente la república)
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